El madurismo entrampado en sus propias maniobras

Screen Shot 2016-03-04 at 7.49.28 PM

Caracas, 28 de febrero 2016
Fuente: Infolatam

La Asamblea Nacional con mayoría opositora acaba de aprobar en primera discusión la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, una de las principales promesas electorales del bloque opositor, con la que se pretende ponerle fin a esas detenciones arbitrarias por pensar distinto y enfrentar democráticamente al gobierno.

Febrero se ha convertido para Venezuela en el mes de eventos políticos que han definido su historia reciente. Así, fue un 27 de febrero de 1989 el mal recordado “Caracazo”, día en que se produjeron fuertes disturbios populares para enfrentar las medidas económicas que acababan de ser implementadas por el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Fue un 4 de febrero de 1992 el fallido golpe de Estado de Hugo Chávez contra la democracia venezolana. Más recientemente el 12 de febrero de 2014 -fecha en que se celebra el Día de la Juventud venezolana- fue cuando se produjo la manifestación opositora que, a causa de la represión policial, resultó en más de 43 fallecidos de diferentes tendencias políticas y centenares de presos, la mayoría jóvenes menores de 30 años.

Y, derivado de estos acontecimientos, el 18 de febrero de ese 2014 fue encarcelado Leopoldo López, dirigente de Voluntad Popular, acusado por el gobierno castromadurista de haber convocado esa marcha estudiantil bajo la premisa de “La salida”, una estrategia anunciada para tomar las calles de manera pacífica y exigir una transición del gobierno actual. En un juicio amañado y sin pruebas, sin que se le diera la oportunidad de defensa, el 10 de septiembre 2015 Leopoldo López fue finalmente condenado a 13 años, 9 meses y 7 días en prisión, siendo encontrado culpable de instigación pública, daños a la propiedad, determinador en el delito de incendio intencional y asociación para delinquir que se le acusaban. López continúa recluido en una prisión militar de 3 x 2 metros, aislado, sin que le permitan visitas, salvo la de su madre, esposa y sus pequeños hijos quienes han sufrido vejámenes y violaciones a sus derechos humanos para poder verlo.

Pero también fue un 19 de febrero de 2015, hace un año exactamente, cuando el régimen de Maduro, resquebrajando todo el ordenamiento jurídico venezolano, utilizó un comando de su policía política, el SEBIN, para llevarse por la fuerza y sin orden judicial al Alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, quien ejercía su segundo mandato con la votación más alta alcanzada por un político local. A un año de su encarcelamiento, el pasado 15 de febrero, y luego de haber pospuesto el inicio del juicio en diez oportunidades, se realizó finalmente la primera audiencia en la cual la Fiscalía pidió 16 años de cárcel acusando al burgomaestre de conspirar contra el gobierno y de asociación para delinquir. Sus defensores han denunciado que se trata de un proceso amañado desde el inicio, con pruebas falsas que no se soportarían en un juicio serio y apegado a la ley. Ledezma, por razones de salud está, por ahora, en arresto domiciliario.

Frente a todas estas injustas detenciones que se han dado a raíz de los protestas de 2014 y a las que hay que sumar la de 78 jóvenes que aún permanecen en cárceles – algunas de ellas clandestinas aunque el régimen no lo reconoce-, la Asamblea Nacional con mayoría opositora acaba de aprobar en primera discusión la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, una de las principales promesas electorales del bloque opositor, con la que se pretende ponerle fin a esas detenciones arbitrarias por pensar distinto y enfrentar democráticamente al gobierno. Sin embargo, como lo ha hecho con anteriores medidas

Sin duda, esa amenaza puede darse. Para nadie es un secreto el contubernio que existe entre el Ejecutivo y el poder Judicial actual y las violaciones constitucionales a las que éste último se ha prestado para perpetuar al gobierno de Maduro en el poder. Pero, ¿a qué precio político? En la medida que esa y otras maniobras oficialistas continúen, aumentarán las voces y apoyos nacionales e internacionales para que Nicolás Maduro renuncie o sea destituido.

Las recientes protestas de calle y encuestas populares, asi lo evidencian. En el ámbito internacional, sólo basta citar como ejemplo las declaraciones del expresidente de Polonia Lech Walesa, la Reverenda Naomi Tutu y el expresidente de Costa Rica Oscar Arias, durante sus participaciones en la reciente sesión especial de la Asamblea Nacional venezolana. Sin tapujo alguno, Oscar Arias afirmó que en Venezuela apremia un cambio “anticipado” de gobierno porque a su juicio no se puede prolongar por más tiempo la crisis económica, social e institucional a costa del sacrificio de millones de ciudadanos. En particular, señaló que se requiere un sistema de administración de justicia absolutamente independiente.

De modo que el gobierno está entrampado en su propia estrategia para permanecer a toda costa en el poder. El camino se le cierra cada día más y al final la renuncia o la destitución presidencial serán inevitables.

Comments

comments